Panamá vuelve a escena en el tablero del arbitraje internacional. La disputa entre el Estado y la constructora española FCC —controlada por el magnate mexicano Carlos Slim— marca el retorno de un viejo fantasma: el de los grandes proyectos de infraestructura que acaban en los tribunales. Esta vez, el desencuentro gira en torno a los impagos de la llamada Ciudad de la Salud, un megaproyecto hospitalario que, tras años de retrasos, sobrecostes y disputas contractuales, ha terminado en el CIADI.
El caso condensa muchas de las tensiones que atraviesan la relación entre inversores y administraciones latinoamericanas. Por un lado, Panamá se proyecta como hub financiero y puerta del comercio mundial, con un discurso de estabilidad y apertura. Por otro, los litigios con contratistas internacionales evidencian fragilidades estructurales: burocracia, demoras, disputas políticas y una administración pública que no siempre cumple los estándares de previsibilidad que el arbitraje exige.
FCC, respaldada por un historial de proyectos en la región y un músculo financiero considerable, reclama al Estado panameño compensaciones millonarias por obras ejecutadas y no pagadas. Panamá, en cambio, sostiene que las obligaciones reclamadas derivan de contratos mal ejecutados o incumplidos por el propio contratista. En el fondo, más allá de las cifras, está en juego la credibilidad del país como socio confiable en materia de infraestructura.
El arbitraje ante el CIADI —foro habitual para controversias de inversión— tiene implicaciones que trascienden lo económico. Si el tribunal diera la razón a FCC, Panamá se enfrentaría no solo a un pago cuantioso, sino también a un golpe reputacional que podría encarecer futuros proyectos. La región observa con atención: otros países han aprendido que un laudo adverso no solo pesa en las finanzas, sino también en la narrativa internacional.
Carlos Slim, como figura central de este episodio, encarna además el nuevo rostro de las disputas transnacionales. Empresarios latinoamericanos con inversiones globales recurren cada vez más al arbitraje para resolver conflictos con gobiernos de su propia región. Ya no se trata de un esquema “Norte-Sur” donde los Estados se enfrentan a multinacionales europeas o estadounidenses; es un sistema verdaderamente translatino, donde las fronteras jurídicas se difuminan.
Panamá, que en su día se convirtió en símbolo de apertura económica, deberá decidir si asume una estrategia defensiva —litigando caso a caso— o si aprovecha esta crisis para revisar su marco contractual y reforzar la transparencia de sus concesiones públicas. El arbitraje puede ser una carga o una oportunidad: todo dependerá de la narrativa que construya el país en torno a su propio cumplimiento. En cualquier caso, la disputa con FCC es más que un pleito comercial; es una prueba de estrés para el modelo panameño de desarrollo.
