Panama Ports Company, S.A. («PPC»), filial de CK Hutchison, amplió sus reclamaciones de arbitraje internacional contra la República de Panamá un mes después de que el Estado tomase el control de las terminales de los puertos de Balboa y Cristóbal y la ocupación de los bienes de PPC.
La acción del estado, que PPC considera ilegal, se hizo al amparo de un fallo de la Corte Suprema panameña del 29 de enero pasado.https://inarbitrio.com/panama-la-sentencia-de-la-discordia/
La empresa operadora, basándose en unos daños y perjuicios que valora en más de 2.000 millones de dólares estadounidenses completó sus reclamaciones en un escrito presentado el 24 de marzo de 2026.
La ampliación afirma PPC se basa «en las extremas medidas ejecutivas del Estado, la toma de control, la ocupación, la incautación de documentos de propiedad y protegidos, y una serie de conductas indebidas relacionadas a lo largo de más de un mes que marcaron una nueva culminación de la campaña estatal contra PPC que se ha prolongado durante más de un año.»
El Estado, afirman, ha seguido optando por la vía del conflicto y no ha colaborado en lo relativo al acceso a los bienes o a la indemnización, realizando en cambio declaraciones inexactas sobre PPC y sus propiedades.
El arbitraje sigue su curso conforme a las normas de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Panamá continúa con su conducta indebida contra PPC a nivel local, pero no ha presentado su contestación inicial en el arbitraje. Es un hecho que el propio Panamá declaró que no había contratado a un abogado y utilizó esto como pretexto para retrasar el proceso. En una señal desalentadora para los inversores extranjeros, Panamá está tratando de ralentizar el arbitraje, involucrar en el caso a partes que no forman parte del contrato aplicable y continuar su campaña de ataques, tal y como había advertido PPC. PPC se reserva el derecho de abordar todas y cada una de las cuestiones planteadas por Panamá.
La decisión de la Corte Suprema tiene consecuencias significativas. Ha dejado frustrado la venta planificada de un portafolio global de 43 terminales portuarias de CK Hutchison a un consorcio liderado por el gigante financiero estadounidense BlackRock y la naviera MSC, un negocio que incluye los terminales en Panamá y que se estima en casi 23 mil millones de dólares.
Detrás de esta disputa legal se encuentra una lucha por la influencia en el comercio mundial. Aproximadamente el cinco por ciento del comercio marítimo global transita por el Canal de Panamá. El fallo es visto como un éxito para el gobierno estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump, que busca reducir la influencia china en la región. Trump manifestó al comienzo de su segundo mandato la voluntad de recuperar el control de la vía de agua de 51 millas que fue devuelta al estado centroamericano en 1999 merced a tratados firmados en 1977.
La evolución de esta pretensión determinó el anunció por parte de CK Hutchinson de su disposición a vender sus terminales a nivel global a un consorcio formado por el fondo de inversión BlackRock y la naviera y operadora MSC. Trump había apoyado la venta planificada a ese consorcio occidental, ya que esos activos estratégicos quedarían mayoritariamente bajo control estadounidense. China había amenazado con bloquear el acuerdo y según fuentes del sector naviero recogidas por diversos medios impulsó la opción de que la naviera estatal china COSCO interviniera en la operación y adquiriera una participación mayoritaria.
