Panamá, a través de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, obtuvo una victoria en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En un laudo emitido el 5 de mayo de 2026, el tribunal determinó que la República de Panamá no había incumplido sus obligaciones bajo el Tratado, desestimando todos los reclamos de Banesco y ordenando a la empresa pagar a Panamá USD 900,000.00 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.
Panamá fue representada por la firma internacional LALIVE durante el arbitraje. El tribunal concluyó que las entidades panameñas no actuaron de manera arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco, como alegaba la empresa. Además, destacó que Banesco tuvo acceso a los mecanismos legales internos, los cuales utilizó para impugnar decisiones con las que no estaba de acuerdo, y que los fallos de la Corte Suprema reflejan una interpretación razonable del derecho panameño.
El laudo también enfatizó que el estándar de Trato Justo y Equitativo invocado por Banesco no garantiza protección frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial. El arbitraje fue iniciado en 2023, cuando Banesco alegó que el Estado panameño había incumplido sus obligaciones bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, especialmente en lo que respecta al trato justo y equitativo y la no obstaculización de las inversiones extranjeras. Las entidades de crédito que apelaron al arbitraje son filiales de Banesco Holding Financiero SL que tiene su domicilio en Madrid. El holding es a su turno propietario de Abanca en España.
Banesco argumentó que diversas entidades panameñas actuaron de forma arbitraria, discriminatoria y sin transparencia, además de vulnerar el debido proceso al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas por Banesco para garantizar contratos de obra pública incumplidos. La empresa reclamaba una indemnización de más de USD 13.5 millones, monto que se reservaba el derecho de aumentar en caso de nuevas ejecuciones de fianzas.
