El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha sacudido el tablero económico y jurídico de América del Norte. México, cuyo tejido industrial y energético depende en buena parte de su vecino, vuelve a colocarse en el ojo del huracán. Y con ello, también el arbitraje internacional, que podría experimentar un repunte de reclamaciones en sectores sensibles, desde el comercio energético hasta las infraestructuras. El T-MEC, concebido en su día como cortafuegos frente a las pulsiones proteccionistas, se enfrenta ahora a su primera gran prueba.
El efecto inmediato ha sido una ola de incertidumbre. Trump ha prometido revisar tratados, imponer aranceles y “repatriar” empleos manufactureros. Las empresas estadounidenses con inversiones en México comienzan a evaluar sus riesgos, mientras los bufetes especializados en arbitraje ya registran un aumento de consultas sobre potenciales reclamaciones bajo el capítulo de inversiones. No se trata solo de alarmismo: en el pasado, episodios de fricción política entre ambos países derivaron en arbitrajes millonarios, especialmente en el ámbito energético y de la construcción.
El capítulo 14 del T-MEC limitó el acceso directo de los inversores al arbitraje, obligando a agotar primero vías internas y restringiendo el tipo de reclamaciones admitidas. Pero si la tensión política escala, ese marco podría ponerse a prueba. México, que ya ha afrontado laudos adversos en casos de gasoductos o proyectos eléctricos, podría verse nuevamente en el banquillo. Y no solo como demandado: algunas de sus empresas con intereses en Estados Unidos empiezan a considerar la vía arbitral como herramienta de defensa frente a posibles medidas unilaterales.
El gobierno mexicano afronta un dilema complejo. Por un lado, debe proyectar serenidad y mostrar respeto a los compromisos internacionales para preservar la confianza inversora. Por otro, necesita blindar sectores estratégicos —como energía o telecomunicaciones— ante eventuales presiones políticas o económicas. En ese equilibrio frágil, el arbitraje será termómetro y campo de batalla.
El panorama doméstico no facilita las cosas. Las reformas regulatorias impulsadas en los últimos años, la consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como actor dominante y la apuesta por la “soberanía energética” han tensado la relación con empresas privadas. Una eventual escalada con Washington podría amplificar ese conflicto, desplazando al arbitraje internacional el desenlace de disputas que hasta ahora se mantenían en los tribunales locales.
El arbitraje, en definitiva, volverá a ser un espejo de la política. Si México logra reforzar su institucionalidad, profesionalizar su defensa y presentarse como un Estado predecible y coherente, saldrá fortalecido. Pero si cede a la improvisación o al nacionalismo jurídico, podría ver resurgir un ciclo de laudos adversos que recuerde los peores años del pos-TLCAN. El desafío será demostrar que, más allá de la tormenta Trump, el país ha aprendido a litigar —y a negociar— en serio.
