La negociación en curso sobre el Tratado Comercial entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un secreto a voces, al menos en México DF.
El propio Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo confirmó a mediados de enero. De acuerdo con fuentes del gobierno mexicano los contactos con los funcionarios de Washington se iniciaron una vez que se cerró a finales del año pasado el proceso de debate interno sobre los objetivos que cada miembro pretende impulsar.
Ebrard adelantó que su país aspira a mantener el tratado en sus términos actuales y sólo pretende incidir en modificaciones en torno a la “resolución de controversias”. Lo que el Secretario de Economía apenas esbozó en su rueda de prensa de enero, lo detalló con más precisión la presidenta Claudia Scheinbaum en una conferencia de prensa matutina a finales de la semana pasada.
La presidenta afirmó que su país aspira a replantear el esquema de arbitraje internacional para impedir que sea utilizado como mecanismo de presión económica contra los gobiernos. Aclaró que el objetivo no es eliminar los mecanismos para la resolución de disputas, sino evitar litigios especulativos y montos desproporcionados que limiten la capacidad regulatoria de los Estados.
La Secretaría de Economía llevará la propuesta a la mesa de negociación del tratado con la intención de equilibrar la protección a la inversión extranjera con la defensa del interés público de acuerdo con la presidenta Scheinbaum. México ha hecho frente a 60 litigios promovidos por inversores, comparado con 66 en Argentina y 67 en Venezuela.
Detrás de la posición de México lo que se percibe es la resistencia a que los tratados de protección de inversores supongan un recorte de decisiones soberanas que den pie a reclamaciones desmesuradas, de acuerdo con fuentes diplomáticas iberoamericanas.
De acuerdo con esas fuentes se ha registrado un crecimiento acelerado de litigios inversionista-Estado (ISDS). Señalan que en los últimos tres meses, compañías multinacionales interpusieron 12 nuevas demandas contra gobiernos de nueve países de América Latina: México, Colombia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Panamá. Inarbitrio no ha cotejado esa información.
Dos días antes de que Ebrard enunciara los objetivos de México en la renegociación que debe estar acabada el 1 de julio de 2026 estatutariamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló durante una visita a una factoría de Ford en Detroit que el T-MEC era “irrelevante” y afirmó que “Ni siquiera pienso en el TMEC, quiero que a Canadá y a México les vaya bien, el problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos fabricados en México, queremos fabricarlos aquí, y eso es lo que está pasando”…
Pese a esas declaraciones la industria estadounidense del automóvil ha sufrido un duro golpe con el ataque arancelario a México y Canadá. Se trata de una industria con un alto grado de integración regional promovida por los propios fabricantes estadounidenses que aprovechan desde el régimen de maquila con México hasta las factorías establecidas en Canadá. La imposición de barreras arancelarias ha supuesto un golpe a los costes de producción del sector.
El intento de México de introducir en el T-MEC normas para la resolución de diferencias pondrá a prueba la flexibilidad negociadora de Washington de un lado y en cierta medida las perspectivas del arbitraje internacional. Es un tema al que habrá que estar atentos.
