La multinacional Shell ha notificado al Gobierno de Bolivia su intención de presentar una reclamación bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con el Reino Unido, en relación con varias controversias que afectan a sus operaciones en el país. El aviso de disputa, presentado por BG Overseas Limited —filial de Shell— el pasado 5 de agosto, otorga a Bolivia un plazo de seis meses para alcanzar un acuerdo, antes de que la petrolera pueda activar un arbitraje internacional.
El centro del conflicto radica en los contratos de operación suscritos con YPFB, en particular los vinculados a los campos Itaú y Caipipendi, aún vigentes, y al contrato de La Vertiente, concluido en 2019. En este último, un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional había condenado a YPFB a pagar unos 12 millones de dólares, pero la decisión fue anulada posteriormente por un tribunal civil boliviano, lo que Shell considera una violación del tratado.
La petrolera denuncia hasta seis tipos de incumplimientos, entre ellos:
- medidas regulatorias discriminatorias a favor de YPFB;
- la nulidad del laudo arbitral en La Vertiente;
- retrasos en la aprobación de costos de operación y en los pagos contractuales;
- venta ilegal de crudo;
- negativa a entregar documentos que liberarían a Shell de responsabilidad;
- hostigamiento judicial contra sus directivos en Bolivia.
El reclamo se ampara en las cláusulas de trato justo y equitativo y en la prohibición de medidas con efecto expropiatorio, dos de los estándares más invocados en arbitrajes de inversión. Aunque Bolivia denunció el TBI con el Reino Unido en 2014, la cláusula de supervivencia mantiene su vigencia durante veinte años para inversiones ya establecidas.
De no alcanzarse un acuerdo antes de febrero de 2026, Shell podría recurrir a arbitraje bajo las reglas de CIADI (Mecanismo Complementario, dado que Bolivia se retiró en 2007), CCI o UNCITRAL. La disputa, que se suma a un largo historial de tensiones entre el Estado boliviano y las empresas extranjeras desde la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, podría enfrentar al nuevo gobierno que asuma en noviembre de 2025 con un caso de gran repercusión económica y política.
