En Reino Unido, los intereses de demora acumulados con los acreedores escalarán a partir de ahora al 8%, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que puede suponer un sobrecoste anual de 150 millones.
Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las
energías renovables aprobados por el Gobierno de España bajo la presidencia de Mariano Rajoy han intensificado su estrategia global de ejecución del Reino de España que rechaza el pago de los laudos arbitrales desfavorables que se han acumulado.
Tras una serie de resoluciones en distintas jurisdicciones, la ofensiva legal ha
entrado ahora en una nueva fase. El nuevo paso se apoya en las recientes victorias
cosechadas ante los Tribunales Supremos de Singapur y Reino Unido, pero también avanza
en Estados Unidos, donde el registro de hasta siete laudos y el reconocimiento de los
mismos como sentencias plenamente ejecutables abre la puerta a mecanismos procesales
destinados a identificar, localizar y eventualmente embargar activos del Estado español.
Los siete casos en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables son : 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones). En total, la deuda con estas compañías asciende a 688,4 millones, monto que crece conforme se acumulan intereses de demora.
Todos estos litigios fueron dirimidos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Tras hacer valer su criterio ante la justicia, los acreedores han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales adicionales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde se considera que podrían existir activos susceptibles de embargo. El objetivo es facilitar las medidas de ejecución destinadas a compensar a las compañías que siguen soportando pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de España.
En el marco de esta nueva fase se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento
de activos y se han emitido requerimientos judiciales dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos vinculados al Estado.
Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas
bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de
embargo.
Los requerimientos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, entes públicos del Reino con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación del país ibérico en el Mundial de Fútbol de 2026.
Estas diligencias tienen como finalidad determinar si existen bienes o derechos del Estado
español localizados en Estados Unidos que puedan ser objeto de ejecución. Este tipo de
medidas es habitual en procedimientos de ejecución internacional cuando un deudor
continúa ignorando un laudo arbitral que ya ha sido reconocido por tribunales competentes.
Avances en Singapur, Reino Unido, Bélgica y Australia
Las iniciativas de ejecución también avanzan en Europa y en la región Asia-Pacífico. En
Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el
impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de
euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía
transferir a Enaire, su homólogo español.
Por su parte, el Tribunal Supremo emitió la pasada semana una dura sentencia que rechaza
los últimos argumentos presentados por España y zanja de una vez la disputa del caso
Infrastructure Services (101 millones de euros de indemnización pendiente, a los que se
deben sumar casi 27 millones en concepto de intereses de demora).
Es importante recalcar que, tras la publicación de la sentencia del Supremo britanico, la
magistratura británica ha fijado un tipo de interés del 8% para el cálculo de los intereses de
demora que se puedan acumular en caso de que persistan los impagos. Cada año, esto puede
suponer un sobrecoste de 150 millones de euros. Los acreedores señalan este hecho como un potencial acelerador de un acuerdo de pago con España.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró el pasado mes de febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de
euros de España con la compañía estadounidense. Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un valor conjunto de 469 millones de euros.
A mediados de este mes, la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores superaba ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.
