La pasada semana el equipo jurídico que representa el 90% de los acreedores de España por la modificación en 2012, bajo el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, del régimen de subsidios a la generación eléctrica renovable visitó Madrid. Durante esa visita, destinada según fuentes próximas a los demandantes a la coordinación de las acciones de los diversos actores, Matthew McGill socio del despacho King & Spalding instó al Gobierno de España a negociar el pago de los laudos pendientes que entre principal e intereses ascienden a poco más de 2.000 millones de euros. El socio del bufete estuvo acompañado por la experta en rastreo de activos Ashley Messik.
En realidad, de acuerdo con fuentes con conocimiento del litigio que se arrastra ya desde hace años, “han existido contactos permanentes entre el Reino de España y los acreedores”. Pese a ello el único laudo que se ha pagado hasta ahora en junio de este año previa autorización de la Unión Europea (UE) fueron 32 millones de euros por un laudo favorable al acreedor japonés JGC. La doctrina de la UE es que la aprobación de Bruselas es necesaria para el pago de indemnizaciones en los casos de laudos arbitrales a los que esta se opone y por lo tanto crea “excepciones” para autorizarlos.
De forma sistemática las decisiones judiciales en países no europeos han concedido la ejecución de los laudos dictados contra el Reino de España. Esta es la situación de al menos 26 laudos favorables a los acreedores. Los argumentos de España y la UE fueron establecidos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso ACMEA BV en el cual se definió que un laudo arbitral que involucra un estado de la UE carece de validez porque atenta contra los artículos 18, 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Por extensión el Gobierno español argumenta que los laudos que involucran a empresas europeas no tienen efecto en territorios fuera de la UE y apelan a la inmunidad soberana. Este criterio ha sido reiteradamente rechazado en las jurisdicciones internacionales.
El despacho King & Spalding apeló al mecanismo de “discovery” que en la jurisprudencia estadounidense crea la obligación del deudor de dar a conocer sus activos en el país y a escala internacional, y han presentado un escrito al Gobierno para que proceda a esa identificación. De acuerdo con fuentes de ese despacho los activos ya detectados por ellos alcanzan a unos 1.500 millones de euros incluyendo edificios, empresas públicas, cuentas y buques comerciales. Las fuentes señalaron que preferirían alcanzar un acuerdo negociado, pero que de no ser así procederían con los embargos.
Los acreedores afirman estar en proceso de ejecutar la sentencia del caso Watkin, utilizando los mecanismos legales disponibles en EEUU. Han decidido actuar en varias jurisdicciones, como Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos o Australia. Mientras tanto España espera el fallo del Tribunal Supremo de EEUU sobre el recurso presentado por los casos NextEra y Blasket, cuyos laudos ascienden a 290 y 90 millones de euros, respectivamente. España ha argumentado inmunidad soberana en mayo de este año en un recurso en el caso Reino de España vs Blasket Renewable Invetments LLC (https://bit.ly/47KcJ2S) en un intento de acogerse a la Foreign Sovereign Immunities Act.
