La avalancha de victorias judiciales para la lograr la ejecución de los laudos obtenidos por los acreedores de la deuda generada tras los arbitrajes de inversión en los casos de las renovables hace que el saldo de la deuda viva de España ante las renovables crezca en proporción al retraso del cobro por la aplicación de los intereses. La estrategia del Reino de España no ha mostrado eficacia para paralizar las ejecuciones ni ha logrado revertir los laudos del CIADI favorables a los inversores en infraestructuras de generación eléctrica renovable. Esto mantiene abiertos los procedimientos de descubrimiento y la búsqueda internacional de activos en varias jurisdicciones para el cobro de la deuda.
Las victorias judiciales en tribunales de Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Bélgica evidencian la viabilidad de la estrategia de registro y ejecución de las sentencias que fueron dictadas en procesos de arbitraje internacional que España debe cumplir por los tratados de salvaguarda que protegen a los inversores. De acuerdo con fuentes de los acreedores que actúan conjuntamente la forma de evitar el encarecimiento de la deuda contraída por el Reino de España es “llegar a un acuerdo que permita poner fin a la litigiosidad y restaurar la seguridad jurídica y la certidumbre para la inversión internacional”. El incremento de la deuda es fruto “de la acumulación de intereses de demora directamente imputables a la decisión de no asumir el pago de estas indemnizaciones”, afirman.
La primera tabla muestra el estado actual de la deuda que España mantiene con los acreedores afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables que siguen esperando el pago de las indemnizaciones dictadas en arbitrajes internacionales de índole vinculante.
Como se puede ver en la segunda columna de la tabla, el total actualizado a diciembre de 2025 asciende a 1.748,5 millones de euros. No obstante, a esta cifra se le debe sumar la acumulación de intereses de demora, que se derivan precisamente del incumplimiento de la obligación de pago de las indemnizaciones dictadas en los laudos. Tal información aparece recogida en la tercera columna de la tabla, donde se detallan los intereses de demora generados hasta diciembre de 2025, caso por caso. Como se puede comprobar, el acumulado por este concepto ya roza los 300 millones de euros, lo que supone 101 millones más que el monto reconocido hasta diciembre de 2025.
La cifra no es estática, sino que sigue creciendo a diario y, de hecho, ha acelerado su ritmo de aumento, puesto que los laudos más recientes han sido emitidos en un contexto de tiposde interés más altos que en los años en que se conocieron los primeros fallos.
En mayo de 2023, las empresas afectadas por estos impagos convocaron una rueda de prensa en Madrid en la cual informaron por primera vez de la problemática de los intereses de demora, una derivada de la saga de las primas renovables directamente imputable a la estrategia de evitar el pago de los laudos. Entonces, el monto acumulado por este concepto en las 18 condenas firmes que se conocían ascendía a 103,8 millones. En cambio, dos años y medio después, las obligaciones financieras ligadas a esas mismas 18 condenas han crecido hasta situarse en 248,7 millones. El aumento, de 145 millones, aparece reflejado en el siguiente gráfico y en la tabla adjunta.
Esto significa que los intereses de demora asociados a esas primeras 18 condenas en firme para las que se ofreció información originalmente en la conferencia de prensa de mayo de 2023 se están incrementando a un ritmo de 154.868 euros diarios (o, lo que es lo mismo, 6.500 euros por hora, los 108 euros por minuto o los 2 euros por segundo). Pero esta comparativa simplemente toma como referencia las 18 condenas en firme que ya se conocían en mayo de 2023, cuando se divulgaron por primera vez los datos referidos a la acumulación de intereses de demora. Desde entonces, la lista de condenas ha seguido creciendo, pasando de 18 a 28 acreedores. Así pues, el incremento total de este sobrecoste financiero que se acumula al comparar los datos de las 18 condenas de mayo de 2023 con las cifras de los 28 fallos conocidos en diciembre de 2025 resulta aún mayor, al haber crecido el acumulado de 103,7 a 297,6 millones, una subida de 194 millones que implica un incremento de 207.158 euros diarios (o, lo que es lo mismo, 8.632 euros por hora, 144 euros por minuto o casi 2,5 euros por segundo).
