Ganz-Mavag el fabricante húngaro de ferrocarriles ha decidido retirar su demanda arbitral contra el Reino de España por valor de 100 millones de dólares de acuerdo con fuentes jurídicas en Washington.
La demanda arbitral fue presentada ante el Instituto de Arbitraje de la Swedish Chamber of Commerce en abril de 2025. La política del SCC AI en los casos de litigios entre países miembros de la Unión Europea es designar una sede de un país no perteneciente a la UE para sustraerse de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia Europeo según la cual el arbitraje entre inversores y Estados dentro de la UE no puede ser utilizado para resolver sus diferencias, sino que deben hacerlo dentro del marco de la justicia europea.
El equipo jurídico integrado que asesora a la empresa que está formado por Arif Hyder Alí de Ahali Dispute Resolution de Washington y Marco de Benito del despacho De Benito + Lupicinio de Madrid, han llegado a la conclusión junto con su cliente de que progreso procesal en la instancia jurisdiccional española avanza en el sentido correcto. Tanto Arif Ali como De Benito están personados en el procedimiento arbitral con sede en Zurich y son los consejeros jurídicos de la empresa en el procedimiento arbitral y en el procedimiento contencioso administrativo en España.
Una fuente próxima al litigio señaló a Inarbitrio que se trata «de una reconsideración del cauce procesal de la reclamación, fundada en la confianza de nuestro cliente en el poder judicial español; confianza que se ve corroborada por el rigor, la independencia y la imparcialidad con que se están tramitando los recursos contencioso-administrativos.»
El desistimiento está en proceso, ya que queda sujeto a la resolución de costas y otras cuestiones que pueden ser objeto de acciones judiciales. De acuerdo a las fuentes consultadas la decisión de Ganz-Mavag se debe a su percepción de que el tratamiento que el Tribunal Supremo está dando a los recursos de reposición impulsado por las partes que se consideran afectadas por el veto del Gobierno de España a la oferta pública de adquisición hecha por la empresa húngara sobre Talgo, que incluye al grupo accionista de la empresa española denominado Pegaso, “resulta positivo”. La SCC designó como sede para el arbitraje a Zurich.
La reconducción de la estrategia surge esencialmente de que el Supremo autorizó a Ganz-Mavag a los mismos derechos que al accionista Pegaso Transportation Internacional SCA y por ende a acceder a la parte calificada de “reservada” de las actuaciones del Consejo de Ministros que desembocaron en la resolución de impedir la materialización de la OPA sobre Talgo. Esta autorización fue explicitada en la providencia del Supremo de 4 de diciembre de 2025, “que establece diversas cautelas en cuanto al examen por las partes personadas en este proceso de documentos declarados reservados por el Consejo de Ministros”.
La abogacía del estado efectuó un recurso de reposición en nombre del Gobierno contra esta decisión, que fue denegado por un auto del Supremo del 29 de enero de 2026.
El acceso a esta documentación, en el contexto de los recursos de Pegaso y Ganz-Mavag contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de agosto de 2024, que resolvió denegar la solicitud de autorización de inversión extranjera de Ganz Mavag Europe Private Ltd. Company en la sociedad Talgo S.A ha sido considerada como un avance estratégico en el objetivo de condena del Acuerdo Ministerial como ilegal.
En Hungría el triunfo de Péter Magyar el 12 de abril desalojó del poder tras 16 años al ex presidente Viktor Orbán. Este último ha mostrado a lo largo de su mandato intereses convergentes al Gobierno de Vladimir Putin de Rusia y de Donald Trump de Estados Unidos. Un hecho que condicionó seguramente la decisión política del Gobierno de España en 2024.
Nada garantiza desde luego de que Hungría rompa todos sus lazos con Rusia, por más pro europeo que se considere a Magyar, por la dependencia energética de Budapest de Moscú. Una sustitución de suministro de combustibles podría ser ruinosa para la economía del país. En marzo de 2024 la estructura de capital de Ganz-Mavag era en un 45 % del fondo de inversión estatal húngaro Corvinus, mientras que el 55 % restante pertenecía al fabricante de trenes húngaro Magyar-Vagon.
De acuerdo con la información disponible entonces Magyar-Vagon era propiedad en última instancia de un fondo de capital riesgo húngaro, que anteriormente era gestionado por una filial de la empresa húngara de petróleo y gas respaldada por el Estado, MOL.
El consorcio húngaro ofreció 619 millones de euros para adquirir Talgo, lo que representaba una prima del 17 % sobre el valor de la empresa en ese momento.
El Consejo de Ministros de España, afirmó que la operación planteaba riesgos para la seguridad nacional, el orden público y la salud pública. De acuerdo con un artículo del Financial Times publicado el 12 de septiembre de 2024 España bloqueó la operación por temor a que la Hungría de Orbán adquiriera tecnología que podría ser útil a Ucrania si no caía en la esfera de influencia de Rusia. De acuerdo con el FT este comentario fue hecho por un funcionario del gobierno de España.
Aunque detrás del Acuerdo del consejo de ministros hay bastante más, como la negociación de la entrada en Talgo del grupo encabezado por Sidenor que incluye al Gobierno Vasco, a la BBK y a Vital. Una operación tejida con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Esta presencia junto con la participación de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) han desplazado a los intereses familiares y al fondo de inversión Trilantic.
Talgo se caracterizó por el desarrollo de boogies de ancho variable que permitían cambiar la trocha en el cruce de fronteras. El desarrollo tecnológico se realizó porque España tenía un ancho de vías diferente al del resto de Europa, una peculiaridad atribuida en el pasado a motivos de seguridad nacional. Es decir a impedir el paso de tropas enemigas por la frontera en tren. La empresa fundada en 1942 es el acrónimo de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol, por sus familias fundadoras que efectuaron el desarrollo tecnológico del ancho variable.
Ganz-Mavag que presentó su demanda ante el SCC AI al amparo del Tratado de la Carta de la Energía en abril de 2025, acusó al Gobierno español de expropiar su inversión y de violar la norma de trato justo y equitativo del tratado. El tribunal arbitral designó como sede la ciudad de Zurich para asegurar la ejecutabilidad de un eventual laudo.
España sostuvo que el tribunal carecía de competencia sobre la demanda debido a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecen que el arbitraje entre inversores y Estados dentro de la UE es incompatible con el Derecho de la UE.
Ganz-Mavag confía en un desarrollo positivo de su recurso administrativo contra la decisión del Gobierno ante los tribunales españoles. Pegaso, también presentó una demanda contra el Gobierno español, reclamando 25 millones de euros por las pérdidas relacionadas con la adquisición bloqueada.
