El pulso internacional en torno a Panamá suma un nuevo capítulo. La española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, ha presentado una demanda contra el Estado panameño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Se trata del tercer arbitraje en curso vinculado al cierre de la mina Cobre Panamá, uno de los proyectos mineros más importantes de la región.
Un gigante de la construcción con sello Slim
Fundada en Barcelona en 1900, FCC se ha consolidado como uno de los grandes grupos de infraestructuras y servicios en Europa y América Latina. Desde 2014, el control mayoritario de la compañía pertenece a Carlos Slim, a través de su conglomerado Inmobiliaria Carso. Bajo su paraguas, FCC ha expandido su presencia en concesiones, agua y gestión de residuos, además de mantener una fuerte actividad constructora.
En Panamá, la compañía ha participado en proyectos de envergadura, entre ellos el metro de Ciudad de Panamá y diversas infraestructuras viarias y urbanísticas. Sin embargo, su nombre también ha estado vinculado a polémicas: en 2021 llegó a un acuerdo con la Fiscalía panameña para evitar un proceso penal por presuntos pagos irregulares relacionados con contratos de obras públicas.
El trasfondo de Cobre Panamá
La nueva demanda de FCC surge en un contexto de alta tensión entre el país centroamericano y varias compañías internacionales. La Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el contrato de concesión de Cobre Panamá en 2023, tras una ola de protestas sociales contra la minería metálica a gran escala. El cierre del yacimiento, operado por la canadiense First Quantum Minerals, supuso un duro golpe económico: la mina aportaba cerca del 1 % del cobre mundial y representaba un pilar de la economía panameña.
Como consecuencia, Panamá enfrenta actualmente varias reclamaciones internacionales:
- First Quantum, que exige al menos 20.000 millones de dólares.
- Franco-Nevada, con una reclamación de 5.000 millones por la pérdida de su contrato de streaming.
- Orla Mining, que reclama 400 millones por la cancelación de otro proyecto.
A estas se suma ahora la acción de FCC, lo que agrava la exposición jurídica y financiera del Estado panameño.
Riesgos para Panamá
La acumulación de arbitrajes ha encendido las alarmas de los analistas. En noviembre de 2024, la agencia Moody’s rebajó la perspectiva de la deuda panameña a “negativa”, alertando de un posible impacto severo en las finanzas públicas si los laudos arbitrales obligan a indemnizaciones multimillonarias.
El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que su Gobierno está dispuesto a dialogar con las empresas implicadas, pero bajo condiciones estrictas. La retirada de ciertos arbitrajes, como ocurrió con First Quantum a comienzos de 2025, ha sido presentada como requisito previo para sentarse a la mesa.
Una batalla con varias aristas
El caso FCC destaca no solo por el monto potencial de la reclamación, aún no precisado públicamente, sino también porque involucra a un actor europeo de gran peso bajo control latinoamericano. La demanda refuerza la idea de que Panamá se encuentra en el epicentro de una tormenta de litigios internacionales que combina factores jurídicos, económicos y sociales.
El desenlace de estos procesos marcará no solo el futuro de Cobre Panamá, sino también la reputación del país como destino de inversión y la credibilidad de sus marcos regulatorios.
