La cancelación de la concesión a Frontera Energy y su socio CGX Energy Inc. en diciembre de 2024, ratificada en marzo pasado, determinó que los ex titulares de la licencia en el joint venture que explotaba el bloque off-shore Corentyne en Guyana emplazaran al gobierno para una negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo. De acuerdo con fuentes del sector el joint venture reclamaría 432 millones de dólares al estado de Guyana por los derechos de exploración y explotación del bloque. Este mes se debería realizar una reunión entre las partes como última instancia para alcanzar un acuerdo.
En diciembre del año pasado el vice presidente de Guyana Bharrat Jagdeo declaró que de no alcanzar un acuerdo las diferencias serían llevadas a una corte de arbitraje. El gobierno de Guyana considera que las empresas carecen de los recursos suficientes como para la explotación del bloque.
Frontera Energy y CGX Energy
De confirmarse, la reclamación se presentaría como una violación del tratado bilateral de inversión con el Reino Unido, en el marco del mecanismo de solución de controversias inversor–Estado. Aunque Guyana ha buscado posicionarse como destino confiable para la inversión extranjera en hidrocarburos, el caso subraya los riesgos regulatorios y políticos asociados a un sector estratégico y de alta conflictividad.
La cifra que reclamaría —432 millones de dólares— refleja la magnitud de la inversión alegada y los beneficios esperados. El caso también se produce en un momento en el que Guyana intenta consolidar su posición como nuevo productor clave de petróleo en el Caribe y América Latina, con importantes socios internacionales como ExxonMobil liderando operaciones en otros bloques.
Frontera Energy Guyana Corp («Frontera Guyana») y CGX Resources Inc. («CGX Resources», y conjuntamente, la «Empresa Conjunta») declararon en un comunicado que «siguen firmemente convencidas de que sus intereses en el bloque Corentyne y la licencia para el mismo siguen vigentes y en regla, y que el Acuerdo Petrolero no ha sido rescindido. Aunque el período de consulta y negociación de tres meses derivado de la Notificación de Intención ya ha expirado, la Empresa Conjunta y sus partes interesadas siguen invitando al Gobierno de Guyana a resolver de forma amistosa las cuestiones que afectan a las inversiones de la Empresa Conjunta en el bloque Corentyne. En caso de que las partes no alcancen una solución mutuamente aceptable, la Empresa Conjunta y sus partes interesadas están dispuestas a hacer valer sus derechos legales.
El anuncio de la reclamación se suma a la creciente lista de litigios internacionales relacionados con recursos naturales en la región, en la que el arbitraje de inversión es en un instrumento habitual de las compañías para proteger sus intereses frente a medidas estatales.
