Croacia es el escenario de un duro enfrentamiento entre la asociación de consumidores financieros Franak y el Tribunal Supremo del país. Lo que está en disputa desde 2015 es la posibilidad por parte de los consumidores de reclamar judicialmente una compensación por intereses y comisiones aplicados sobre créditos hipotecarios y al consumo denominados en francos suizos (Chf).
En 2015 El Gobierno encabezado por el primer ministro Zoran Milanović resolvió la conversión forzosa de los créditos establecidos en francos suizos a un tipo de cambio anterior a la súbita apreciación del franco suizo a comienzos de ese año.
El 15 de enero de 2015 el Banco Nacional de Suiza eliminó el límite en la paridad de 1,20 Chf por € lo que ocasionó una fuerte revalorización del franco suizo frente al euro de hasta el 30%. La consecuencia directa fue el encarecimiento de las cuotas de créditos emitidas en francos suizos y la bancarrota de los prestatarios. La intervención del gobierno sancionada por los diputados en mayo de ese año fue fijar el tipo de cambio para la conversión de los créditos a la paridad con la kuna croata al momento anterior a la liberación del Chf. El coste de la conversión fue asumido por los bancos.
La decisión rescató a unos 55.000 prestatarios mayormente en créditos hipotecarios y una minoría en créditos de consumo. De acuerdo con la información difundida por la asociación de afectados por los créditos en Chf los bancos en su actuación anterior a 2015 no respetaron las referencias de mercado para el cálculo de intereses, Libor o Euribor, y aplicaron tipos de interés arbitrarios de forma unilateral. En respuesta a esta situación los afectados reclamaron compensación por esos costes anteriores en pleitos que se han extendido hasta el presente.
La tesis defendida por los bancos es que una vez que los prestatarios se acogían a la conversión de 2015 se cerraba la posibilidad de reclamaciones retroactivas sobre los costes del crédito, intereses y comisiones. Sin embargo los consumidores han hecho frente a esta tesis y han litigado de forma persistente contra los intereses y comisiones aplicadas antes de dicha conversión.
El resultado de estos litigios ha dado la razón a los consumidores en muchos casos en los tribunales de primera instancia en la jurisdicción municipal, así como en el Supremo y existía la posibilidad de que la doctrina dominante resultara en la reparación de los cargos considerados unilaterales, sin referencia de mercado y aplicados arbitrariamente por los bancos.
La presión del sistema bancario de un lado y de los consumidores por el otro llevó la cuestión al Supremo en Zagreb una vez más. Lo que se sometió al dictamen del órgano jurisdiccional de máxima instancia ahora fue la sentencia del caso Rev-769/2022 que dio la razón a la banca estimando que acogerse a la conversión forzosa excluía el derecho a reclamar por los costes anteriores.
Franak señala en un comunicado del 5 de junio que “hasta ahora, en el Tribunal Superior de Comercio, todas esas disposiciones contractuales han sido declaradas nulas y sin efecto, y sobre esta base, se han pagado cantidades de intereses sobrepagadas a los prestatarios, incluyendo a las empresas, y esa práctica se ha confirmado en el Tribunal Supremo, por ejemplo, con las decisiones en los casos Rev-667/2023 y Rev-698/2025”.
La banca, a quien esta batalla jurídica afecta de lleno, no ha permanecido ajena a las campañas cruzadas entre prestatarios y prestamistas. De acuerdo con fuentes de medios financieros en Zagreb Intesa San Paolo bajo la coordinación de la jefa de sucursales Paola Papanicolau, banco italiano propietario del banco croata Privredna banka Zagreb (PBZ), el segundo más grande del país, convocó a reuniones informativas sobre como hacer frente a esta situación en Zagreb y Milano. Entre otras cosas los medios que se alinearon con los intereses de la banca señalaron que en el pasado pudo haber trato de favor en el Supremo a la causa de los prestatarios.
Medios como 24 Sata de Croacia señalaron, antes de que el Supremo emitiera sentencia, que el juez Jadranko Jug podría ser el ponente de la Corte suprema en el caso en cuestión. Al respecto señaló que Jug ya había sido objeto de una solicitud de recusación en los casos de los préstamos en Chf porque su hijo Boris, en calidad de abogado, había representado a los prestatarios frente a los bancos en algunos casos que podrían suponer altos honorarios profesionales. La campaña de descalificación formó parte del precalentamiento ante la inminente sentencia que fue finalmente emitida el 20 de mayo en favor de los intereses de la banca.
Es interesante el hecho que resaltan las fuentes de los medios jurídicos en Bruselas consultados por InArbitrio de acuerdo con las cuales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido en general por relación a los contratos de crédito y activos sofisticados fuera de la comprensión de los prestatarios de a pie favorable a los consumidores.
Tras la sentencia del 20 de mayo Franak emitió un comunicado sumamente duro contra el Supremo en el que afirma que
“La resolución adoptada sobre el caso Rev-769/2022, introduce una confusión jurídica total en el sistema judicial, y nos preguntamos por qué lo hicieron. Creemos que solo puede haber dos razones, especialmente porque son los principales expertos legales, no se trata de personas desinformadas que juegan superficialmente con el derecho en la inconsciencia de que no hay consecuencias. La razón puede ser la negligencia en la lectura del expediente judicial, o la corrupción donde algunos jueces tratan de ayudar a los bancos a mantener el dinero adquirido de manera infundada, ya que la ignorancia como posibilidad no se puede alegar.”
Franak señala que un cambio radical de criterio cuestionaría los fallos anteriores y privaría del derecho a reclamar por tipos de interés y comisiones previos a la conversión a un importante número de prestatarios.
La asociación añade en su comunicado que: “Incluso la actual Presidenta del Tribunal Supremo de la República de Croacia, Mirta Matić, como Presidenta del Consejo del Tribunal Superior de Comercio, firmó la sentencia Pž-630/2025 de 26 de febrero de 2025, que estableció la nulidad del artículo 6 debido a un tipo de interés indeterminado y sobre esta base la compensación se concedió determinando la diferencia entre los importes recaudados y el importe basado en los cambios del Euribor durante el reembolso. Por lo tanto, la controvertida decisión del Tribunal Supremo de la República de Croacia, de la que estamos hablando aquí, es contraria incluso a la posición del Presidente del Tribunal Supremo de la República de Croacia sobre tales contratos. Incluso se trató en ambos casos del mismo banco, Addiko Bank.”
El Tribunal Supremo reaccionó con energía a las acusaciones de Franak señalando que en democracia se puede criticar una sentencia pero no se pueden lanzar acusaciones sin pruebas contra un órgano jurisdiccional que actúa de forma independiente. La polémica está servida y ya ha dado pie al desarrollo de investigaciones periodísticas que intentan aclarar qué es lo que ha cambiado en el espíritu de los jueces respecto a las reclamaciones de los prestatarios.
