Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, cuyo presidente Stephan Schill fue designado el 7 de febrero de este año, desestimó por falta de mérito jurídico el 7 de noviembre el procedimiento de arbitraje contra el Reino de España instado por los herederos del Sultán de Sulu y registrado el 24 de octubre de 2024. Los herederos representados por el abogado Paul Cohen de 4-5 Gray’s Inns Square Chambers solicitaban 18.000 millones de dólares del estado español. La cifra es la suma de los honorarios y gastos judiciales incurridos en el procedimiento por los demandantes y la cuantía adjudicada en 2022 por el laudo en Francia en favor de los herederos y contra el estado de Malasia por importe de 15.000 millones de dólares.
En la solicitud de arbitraje, la parte actora argumentaba que: “La interferencia en serie de España ha mermado la capacidad de los demandantes para ejecutar un laudo multimillonario dictado de forma escrupulosamente justa y, de paso, ha criminalizado las acciones de un árbitro. De no ser por la intromisión interesada -y evidente- de España, los demandantes habrían podido ejecutar, y posiblemente cobrar, su laudo hace mucho tiempo.” La solicitud se hizo acogiéndose al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Filipinas firmado en 1993.
El tribunal del CIADI considera que la reclamación de los herederos no puede ser objeto de arbitraje bajo las reglas del CIADI porque los honorarios legales no son considerados como un activo sino como un gasto. Los herederos también solicitaban el importe del laudo dictado en Francia en 2022 por “que las autoridades españolas obstaculizaron el cobro” del mismo. Respecto del laudo de 15.000 millones de dólares el tribunal alega que de acuerdo con las reglas del Centro no se puede considerar una inversión ya que no existe actividad económica en territorio español que se pueda vincular a esa cuantía.
El abogado Cohen que representa a los herederos ha afirmado que: “Como favor a una potencia extranjera, el Gobierno de España usó a su Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar torpedear el laudo de un arbitraje internacional en contra de Malasia. Cuando esto fracasó, de forma legal y en términos prácticos, el Gobierno de España utilizó a sus fiscales para perseguir al árbitro español independiente (el Dr. Gonzalo Stampa Casas) que lo único que hizo fue ajustarse a la ley española de arbitraje. La decisión del ICSID no investiga ni niega estos hechos, sólo estima que a España no se le pueden exigir responsabilidades por esos actos a través de los procesos del ICSID, basados en la interpretación de su tribunal de los activos involucrados. Estamos de acuerdo con la consideración del Presidente del Gobierno de España según la cual los jueces hacen política y los políticos actúan como jueces. En el caso de nuestros clientes está sobradamente calificado para hacer este análisis. Nuestros clientes están valorando sus opciones contra España, incluyendo la solicitud de anulación de esta decisión.”
