El conflicto internacional por el futuro de la mina Cobre Panamá sigue creciendo. La canadiense Franco-Nevada confirmó que su disputa con el Estado panameño ha pasado a una nueva etapa tras la constitución del tribunal arbitral que analizará el caso en el marco del Tratado de Libre Comercio Canadá–Panamá. La empresa reclama 5.000 millones de dólares en compensación por la pérdida de su acuerdo de streaming —un contrato que le permitía financiar la operación de la mina a cambio de la compra futura de oro y cobre—, frustrado tras el cierre de la explotación en 2023.
El proyecto Cobre Panamá, operado por First Quantum Minerals, fue clausurado por decisión de la Corte Suprema panameña, que declaró inconstitucional el contrato de concesión en medio de intensas protestas sociales. Desde entonces, el país enfrenta múltiples arbitrajes internacionales: First Quantum reclama al menos 20.000 millones de dólares, mientras que Orla Mining exige unos 400 millones tras la cancelación de su propio contrato minero.
La importancia del caso trasciende las fronteras. Cobre Panamá aportaba cerca del 1 % de la producción mundial de cobre, y su cierre ha tenido efectos tanto en el mercado global como en la economía panameña. En noviembre, la agencia Moody’s rebajó la perspectiva crediticia del país a “negativa”, advirtiendo de un posible choque financiero si las reclamaciones arbitrales prosperan y no se retoma una negociación con los operadores mineros.
El presidente José Raúl Mulino ha anunciado que tomará una decisión sobre el futuro de la mina a comienzos del próximo año, incluso mientras los arbitrajes avanzan. Entretanto, la incertidumbre pesa sobre las finanzas públicas panameñas y sobre la credibilidad de sus marcos legales de inversión.
