Las diferencias entre las constructoras y los estados promotores del enlace de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán a través del túnel del Pertús se cierran con un nuevo revés tras una década de litigios.
Un tribunal de cuatro miembros ha desestimado una demanda de 940 millones de euros contra Francia y España en relación con una línea ferroviaria transfronteriza a través de los Pirineos, un litigio que se ha prolongado durante una década y que ha dado lugar a tres arbitrajes anteriores. La acción fue promovida por TP Ferro sociedad conjunta entre ACS de España y Eiffage de Francia.
El periódico financiero CincoDías que tuvo acceso al laudo informó ayer que el tribunal con sede en Ginebra había desestimado íntegramente las reclamaciones de TP Ferro. La empresa constituida por las constructoras mencionadas, y que logró la concesión para construir y explotar una línea férrea de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán a través del túnel del Pertús de 8,3 km de largo, está en quiebra.
El tribunal consideró que Francia y España habían rescindido válidamente la concesión tras graves incumplimientos por parte de TP Ferro, cuya insolvencia hacía imposible garantizar la futura explotación del proyecto. La resolución del contrato data de 2016 y originó el procedimiento para la resolución de diferencias por más de 900 millones de euros. El laudo se ha demorado una década en un procedimiento sumamente complejo.
El tribunal desestimó las reclamaciones de TP Ferro, que incluían 479 millones de euros en pérdidas por activos de la concesión, así como lucro cesante, intereses de demora e impuestos. Según se informa, tampoco estuvo de acuerdo con la valoración que hicieron los Estados de sus reconvenciones por valor de 76 millones de euros, que fueron estimadas en parte por un importe menor. La cifra reclamada surge de la diferencia entre las pérdidas estimadas en cerca de 180 millones de euros por ambos estados y el valor neto contable de 108 millones adjudicado a los activos.
Este era fue el cuarto procedimiento presentado por TP Ferro contra España y Francia, promotoras de la conexión entre ambos países en alta velocidad por el extremo Nordeste de Cataluña (los anteriores se resolvieron en 2015, 2017 y 2019). La reversión anticipada del activo a manos públicas, fechada el 16 de diciembre de 2016, contó con el respaldo de la Abogacía del Estado.
El procedimiento contó con un amplio equipo incluyendo la parte experta. El equipo español contó con la Abogacía del Estado; Álvarez & Marsal para la valoración de activos; Auren tuvo a su cargo la investigación forense de las obligaciones financieras; analistas de FTI llevaron la parte del lucro cesante; desde AFI se analizaron los tráficos ferroviarios de la línea, y se presentó a expertos jurídicos como el profesor de la UCM José María Baño León y el Letrado Mayor del Consejo de Estado, Leandro Martínez Cardos. También participó la ingeniería pública Ineco para la gestión de informes y asesoramiento técnico. Francia recurrió a Finexsi, mientras que Brattle Group representó a TP Ferro.
Las conclusiones fueron formuladas por una mayoría formada por la presidenta del panel ad hoc, Gabrielle Kaufmann-Kohler, junto con la árbitra francesa Brigitte Stern y el exministro de Justicia español Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, quienes fueron designados por sus respectivos Estados. El árbitro suizo Charles Poncet, designado por TP Ferro, emitió un voto particular.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan en Ginebra y Washington, D.C., y Arraut & Asociados en Barcelona asesoraron a TP Ferro en el último arbitraje. Tomó el relevo durante el tercer arbitraje de Ashurst, que también había prestado asesoramiento en los casos anteriores.
Francia estuvo representada en todo momento por Clifford Chance en París y Madrid, que también había asesorado en el proyecto de concesión. España recurrió a la abogacía del Estado.
La controversia tiene su origen en el Acuerdo de Madrid de 1995, en el que los Gobiernos francés y español acordaron desarrollar un enlace ferroviario de alta velocidad de 44 kilómetros a través de los Pirineos, que uniera las ciudades de Perpiñán, en Francia, y Figueras, en España.
El acuerdo establecía que los concesionarios del proyecto podrían someter las controversias con los dos Estados a arbitraje ante un tribunal compuesto por cuatro miembros. Cada una de las tres partes nombraría a un coárbitro, quienes a su vez acordarían quién sería el presidente.
La concesión del enlace ferroviario se adjudicó en 2004 a TP Ferro, una sociedad mixta española constituida expresamente para este fin. El contrato de concesión preveía que las controversias se sometieran a arbitraje de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Madrid, al tiempo que fijaba Bruselas como sede del arbitraje.
Tras perder dos arbitrajes anteriores relacionados con el proyecto, TP Ferro presentó una tercera solicitud de arbitraje en 2016, reclamando 293 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Las partes acordaron trasladar la sede de Bruselas a Ginebra.
El tribunal del tercer caso estuvo presidido por el fallecido italiano Antonio Crivellaro, e incluyó como coárbitros a José Manuel Otero Novas y Jesús García Torres, de España, y a Daniel Labetoulle, de Francia.
TP Ferro solicitó retirar sus reclamaciones en el tercer arbitraje sin perjuicio alguno tras entrar en proceso de liquidación en Gerona y después de que los dos gobiernos declararan rescindida la concesión.
En un laudo parcial mayoritario de 2017, el tribunal de Crivellaro sostuvo que TP Ferro no podía desistir del arbitraje sin renunciar a sus reclamaciones. El Tribunal Federal Suizo rechazó la solicitud de TP Ferro de anular el laudo en 2019.
Mientras tanto, TP Ferro presentó el cuarto arbitraje en agosto de 2017. Ese caso se centró en la rescisión de la concesión, la asignación de riesgos y las previsiones iniciales del concesionario. También se abordaron cuestiones técnicas relativas al túnel de Pertús, construido por TP Ferro bajo los Pirineos; los retrasos en la conexión con la red ferroviaria francesa; y el auge del transporte aéreo y por carretera frente al ferroviario. Se presentaron pruebas periciales sobre cuestiones de derecho financiero, de ingeniería, de insolvencia y de derecho administrativo.
Asesores de TP Ferro Concesionaria SA
- Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
Los socios Philippe Pinsolleen Ginebra y David Ortaen Washington, D.C.
- Arraut & Asociados
Javier Arraut y Marta Vilaen Barcelona
Asesores de la República Francesa
- Clifford Chance
Socio David Préat, asesores Daphné Celet* y Marie-Isabelle Delleur y asociados Alexandra Demai y Elise Mayer en París; socio Jaime Almenar, asesor Iñigo Villoria y asesora sénior Carme Briera en Madrid
*ya no forma parte del bufete
Asesores del Reino de España
- Andrés Pedro Arche Castillo, Abogado del Estado
