Decisión del Comité de Anulación del CIADI en el Caso ARB/17/3
El Comité de Anulación del CIADI ha decidido mantener la suspensión de la ejecución del laudo arbitral en el Caso CIADI N.º ARB/17/3, relacionado con la Línea 2 del Metro de Lima, a favor del Estado peruano. La decisión es resultado del procedimiento de anulación iniciado por Perú, que pretende revocar más de USD 200 millones otorgados al consorcio Metro de Lima Línea 2 SA encabezado por la constructora española ACS.
El Comité rechazó las solicitudes del concesionario para levantar la suspensión del laudo o exigir una garantía financiera al Estado. La resolución del Comité subraya la buena fe del Estado peruano y su compromiso con el cumplimiento de obligaciones internacionales, al considerar que la solicitud de anulación presentada el 4 de marzo de 2025 no tiene carácter dilatorio.
El tribunal advirtió que levantar la suspensión podría causar daños significativos al Estado y afectar la coherencia del sistema CIADI, dado que el laudo está bajo revisión en paralelo. La decisión también confirma la solvencia del Estado peruano, al rechazar la necesidad de una garantía.
La solicitud inicial de arbitraje fue presentada por el consorcio constructor de la linea 2 de Metro de Lima en febrero de 2017 reclamando un total de 200 millones de dólares en concepto de retrasos de obra y perjuicios ocasionados por el retraso del estado peruano de la entrega del suelo necesario para completar las obras. El consorcio encabezado por ACS obtuvo un laudo favorable en 2024 y solicitó la ejecución del mismo en algunas jurisdicciones como Luxemburgo.
El Gobierno de Perú inició un procedimiento de anulación del laudo en marzo de 2025 y solicitó la paralización del laudo. Línea 2 de Metro de Lima se opuso pero la comisión ad hoc ha decidido mantener esa paralización.
El Gobierno del Perú, a través de la Comisión Especial y con el apoyo del estudio internacional Squire Patton Boggs, continuará con las acciones legales necesarias para lograr la anulación definitiva de las indemnizaciones consideradas indebidas.
El conflicto se remonta a 2014, cuando el Gobierno peruano suscribió un contrato de concesión con el consorcio Metro de Lima Línea 2 S.A., integrado por las españolas Iridium-Dragados y FCC, italianas como Webuild (anteriormente Salini-Impregilo) y Hitachi Rail, y la peruana COSAPI, para ejecutar el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, que contempla una red subterránea de más de 27 kilómetros y 27 estaciones a lo largo de la capital.
La obra experimentó retrasos por demoras en la entrega de terrenos por parte del Estado. Debido a esta situación, en 2017 la concesionaria acudió al CIADI y solicitó un arbitraje alegando incumplimientos contractuales relacionados con la falta de entrega oportuna de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto, cuya inversión estimada supera los 5.658 millones de dólares.
La controversia giró en torno a estos retrasos y, después de un proceso exhaustivo, el 21 de marzo de 2024 el CIADI falló que el Estado peruano incurrió en incumplimientos contractuales, señalando que no entregó los terrenos en los plazos acordados, por lo que el organismo internacional atribuyó a Perú parte de la responsabilidad por los retrasos y perjuicios sufridos por la empresa concesionaria.
Sin embargo, de los 315 millones de dólares impuestos como reparación al Estado peruano, el MEF solo cumplió con pagar una parte. Casi un año después de la sentencia, el 4 de marzo de 2025, Perú solicitó ante el CIADI la anulación parcial del laudo, argumentando que el tribunal arbitral incurrió en errores graves como la inaplicación del derecho nacional y el uso indebido del principio de equidad.
De esta manera, suspendió provisionalmente la ejecución de indemnizaciones que superan los 170 millones de dólares, 11 millones de euros y 27 millones de soles -esos son los más de 200 millones de los que habla el MEF en su comunicado-, correspondientes a sobrecostos y daños para ACS que, según sus alegatos, carecen de justificación legal y técnica.
Como respuesta a la falta de pago completo, a mediados de este año ACS recurrió a la justicia de Luxemburgo para solicitar el embargo de activos estatales peruanos. No obstante, tanto el MEF como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha defendido desde ese momento que el embargo se encuentra congelado hasta que se resuelva el pedido de anulación del laudo, y el CIADI les ha dado la razón.



