Filiales de los fondos de cobertura estadounidenses Elliot Management y Silver Point solicitaron ante el CIADI la anulación de un laudo que desestimó sus reclamaciones contra Portugal hechas al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones por la quiebra del Banco Espírito Santo (BES) en 2014 y su posterior reestructuración.
La decisión de los fondos oportunistas reabre la batalla procesal después de que Portugal lograra este año en junio su primera victoria ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en torno a la crisis del BES. La impugnación se dio a conocer el 26 de octubre, tras hacerse público el día 20 el laudo de junio pasado.
El litigio lo llevan adelante Suffolk (Mauricio) Limited, Mansfield (Mauricio) Limited y Silver Point Mauritius contra la República Portuguesa, caso del CIADI n.º ARB/22/28. Aunque los demandantes están vinculadas a los dos fondos de cobertura estadounidenses, son entidades con sede en Mauricio, una distinción relevante para el marco jurídico que rige sus inversiones. Este hecho sin embargo ha sido también objeto de controversia por la naturaleza del establecimiento de la dirección en Mauricio de las operaciones de los mencionados fondos.
Una victoria jurisdiccional
El tribunal desestimó el caso contra Portugal por falta de competencia, sin entrar en la cuestión de fondo: si las medidas del rescate bancario que involucraron la creación de un banco malo al que se traspasaron los créditos fallidos fueron ajustadas al derecho internacional, algo cuestionado por los fondos. Portugal en su defensa alegó que la adquisición ex post de los créditos cuyo pago reclaman los fondos se hizo exclusivamente para explotar las posibilidades que brinda el BIT.
Según el laudo publicado, la mayoría del tribunal consideró que la naturaleza de los pleitos en que los inversores estaban empeñados ante los tribunales portugueses en relación con su inversión en un préstamo bancario adquirido al banco estadounidense Goldman Sachs tras la resolución de la quiebra del banco eran contradictorios con la petición del arbitraje. En suma los actores solicitan en el arbitraje que se respete el principio de que “ningún acreedor quedará en peor situación” (NCWO) por sus siglas en inglés.
Ocurre que para la mayoría del tribunal los pleitos llevados adelante por los demandantes ante el CIADI frente a la justicia de Portugal buscan establecer algo distinto. Su petitio es que los créditos de los que son titulares sean re transferidos a Novo Banco, el banco que ha quedado operativo, desde el BES en quiebra. Si esta operación se sustanciara por una victoria judicial de los fondos Elliot Management y Silver Point en Portugal tendrían de forma automática derecho al reembolso total de sus posiciones acreedoras con lo cual la petición de que respete el principio NCWO pierde sentido. Es decir que la batalla judicial en Portugal es antagónica con la demanda ante el CIADI. Sobre esta base el Tribunal del CIADI declara su falta de competencia en este procedimiento
El fallo contiene una disidencia a cargo del árbitro alemán Dr. Stephan Schill designado el 21 de febrero de 2023 por los fondos de cobertura que constituyen la parte actora. Para Schill, como era previsible, el laudo fue improcedente desde el punto de vista procesal.
Lo que queda ahora sujeto a revisión es si en el laudo hay elementos contrarios a la esencia de lo que se ha solicitado.
Una anulación del CIADI
La solicitud de los inversores es una petición de anulación que está regulada por el artículo 52 del Convenio del CIADI. Se trata por lo tanto de un procedimiento tasado en términos del organismo del Banco Mundial. El comité no actúa como un tribunal de apelación y no puede revisar el fondo de la controversia ni corregir supuestos errores jurídicos o de valoración de pruebas del tribunal original. Su mandato se limita a los motivos especificados en el artículo mencionado.
Dichos motivos son:
- Constitución indebida del tribunal.
- Exceso manifiesto de competencias.
- Corrupción de un miembro del tribunal.
- Incumplimiento grave de una norma procesal fundamental.
- Omisión de la exposición de los motivos en los que se basa el laudo.
El texto de la petición de anulación no ha sido difundido y por tanto las bases sobre la que se ha solicitado no son de dominio público. La única orientación sobre la base jurídica de la petición es, en los hechos, el fundamento del voto disidente del miembro del Tribunal Stefan Schill.
Principio de coherencia entre litigios
La contradicción entre el objetivo de las demandas de los fondos de cobertura ante la justicia de Portugal y el de la demanda de arbitraje ante el CIADI marca un derrotero. La falta de coherencia entre las acciones judiciales de los demandantes en el país en el que han ocurrido los hechos con los objetivos fijados en el arbitraje han socavado la acción pretendida ante el CIADI. La doble vía en este tipo de litigios es posible y hasta habitual. Lo que ocurre es que invocar objetivos contradictorios ante la justicia nacional y la internacional al amparo de un arbitraje de inversiones puede ocasionar precisamente decisiones de falta de competencia para el objetivo pretendido por parte del Tribunal constituido para ese fin. Dicho de otra forma, la argumentación y las peticiones ante los tribunales nacionales pueden afectar al desenlace de reclamaciones vinculadas ante un tribunal internacional, tratándose de la misma inversión.
De cara al futuro
Un comité de anulación evaluará el recurso dentro de su mandato limitado en virtud del Convenio. Si se anula un laudo, ello no da lugar automáticamente a una indemnización: la controversia puede someterse a un nuevo tribunal en virtud del artículo 52, apartado 6 en el que se establece que: “Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo Tribunal que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en la Sección 2 de este Capítulo.”
De momento Portugal mantiene su victoria jurisdiccional que limita de momento la acción a los tribunales nacionales. La reanudación de una acción en el ámbito internacional queda de momento en manos de un Comité ad Hoc que puede desestimar la solicitud de anulación hecha por los fondos de cobertura.



