En septiembre de 2025, la Secretaría de Economía mexicana presentó las líneas generales de un anteproyecto de reforma para modernizar la Ley de Arbitraje Comercial de 1993. El objetivo es alinear la legislación con los estándares internacionales y con las reformas de la UNCITRAL adoptadas en la última década, especialmente en materia de notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y reconocimiento de laudos digitales.
El documento, elaborado en coordinación con el Consejo General de la Judicatura y el sector privado, busca reducir los costos y tiempos de los procedimientos, además de reforzar la transparencia en la designación de árbitros y en la ejecución de laudos extranjeros.
El anuncio llega en un momento clave, tras varios fallos de la Suprema Corte que reforzaron el principio pro arbitraje en México. Según fuentes del Ministerio, el texto será abierto a consulta pública en 2026, con el propósito de consolidar a México como sede confiable en arbitraje comercial e inversión.
La reforma podría incluir, además, la creación de un registro nacional de instituciones arbitrales, unificando criterios de supervisión y homologación. Para los despachos locales, significará un marco más claro para arbitrajes ad hoc y institucionales en todo el país.
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