Primera Parte
“Por medio de este modesto trabajo deseo rendir homenaje a los recuerdos que esta temática, alternativa a la Justicia Ordinaria, me traen de conversaciones tenidas con mi amigo el Prof. Eugenio Cornejo Füller.
José María Alcántara González
El comentario y reflexión que siguen se incardinan en dos fórmulas principales de “ADR”, como son el Arbitraje y la Mediación en los negocios marítimos”.
El Arbitraje Marítimo
Estamos ya cerca de haber cumplido el primer cuarto del siglo y el cuadro comparativo no puede ser más desigual a favor del arbitraje marítimo de corte anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos y Singapore). Esos tres foros son dominantes en los formularios de contratos marítimos recomendados por la BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL (BIMCO), y de sus cláusulas arbitrales modelo parten la inmensa mayoría de los nombramientos de árbitros.
Sólo en el seno de la London Maritime Arbitration Association, de Londres (LMAA), se registran 1700 encargos arbitrales por año, y según las controversias se producen unos 3000 nombramientos y más de 500 laudos arbitrales se emiten cada año. La LMAA abarca aproximadamente un 80% de los arbitrajes marítimos mundiales. La Society of Maritime Arbitrators (SMA), New York, resuelve unos 70/75 casos por año; la Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), 47/50; la Singapore International Arbitration Centre (SIAC), 72/75; la Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA), 56/60; la Grain and Feed Trade Association (GAFTA), 180; la London Court of International Arbitration (LCIA), 56;la International Chamber of Commerce (ICC, Paris), 510/515.De ello resulta una abrumadora estadística que arroja una cifra de que casi el 93% de los arbitrajes marítimos en la actualidad son de corte anglosajón. Y queda muy poco espacio para los servicios de arbitraje marítimo internacional que ofrecen otras sedes como Hamburgo, Moscú, Shanghái, New Delhi, Mónaco, Vancouver, Tokyo, Cairo y Rotterdam.
Las controversias internas, o de arbitraje doméstico, exhiben una mayor práctica en estado creciente gracias a leyes arbitrales inspiradas en la Ley Modelo de la UNCITRAL o en una legislación que fomenta el recurso al Arbitraje en las controversias de Derecho Marítimo con carácter obligatorio presunto, como es la de Chile (a cuyo efecto – nunca único -recordamos la figura colosal del Prof. Eugenio Cornejo Füller).El ámbito del arbitraje marítimo nacional crece lenta pero decididamente, aunque se muestra poco afortunado en el intento de rescatar arbitrajes internacionales, en los que participan sus naciones, de Londres u otros foros citados.
El comercio marítimo es, fundamentalmente, internacional y la confianza internacional que promueven las Cámaras navieras, las Asociaciones de Clubs de P&I y la IUMI, los organismos exportadores y productores (como GAFTA y las refineras de la OPEP), las Sociedades Clasificadoras de la IACS, los constructores de buques, etc., redundan en el mayor y constante refrendo del arbitraje anglosajón.
La BIMCO adoptó el 21 Septiembre 2020 la llamada “Bimco Law and Arbitration Clause 2020” que remite a las partes a ley inglesa y a arbitraje en Londres, y específicamente a las reglas de la LMAA para “Small Claims Procedure” e “Intermediate Claims Procedure”. Las pólizas-tipo más recientes admiten, en el tenor de la cláusula arbitral, la opción a un foro a acordar por las partes, junto con las opciones de Londres, New York, Singapore y, últimamente, Hong-Kong (aunque según el corte, modelo y ley aplicable británicas que aún utiliza la HKIAC; nada que ver con la CMAC, de la República Popular China); lo que contribuye al mantenimiento de la supremacía arbitral anglosajona.
Por otra parte, el Supreme Court británico, por medio de su fallo en el caso “Enka Insaat ve Sanayi AS v. OOO Insurance Company Chubb” 2020 (UKSC,38),clarificó de forma definitiva los principios determinantes para descubrir la ley aplicable a un convenio arbitral (Arbitration Agreement law), a saber, en primer lugar la designación expresa hecha por las partes, a cuyo fin debe interpretarse el convenio arbitral en conjunto y en el contexto del contrato principal del que forma parte, aplicando las reglas básicas de la hermenéutica contractual vigentes en el Derecho inglés; en segundo lugar, de no existir acuerdo expreso, el estudio de si existe una elección implícita de tal ley, a cuyo fin se habrá de considerar que la ley pactada expresa en el contrato principal se deberá aplicar también al convenio arbitral; en tercer lugar, cuando no exista una elección implícita en el contrato principal, entonces el tribunal deberá decidir con qué régimen legal se encuentra el convenio arbitral más estrechamente vinculado, con independencia de la intención de las partes. En el contexto del mercado marítimo estos criterios sentados por el Supreme Court británico suponen una presunción doctrinal en favor del derecho inglés en cuanto hace a la validez, contenido y eficacia del convenio arbitral.
A pesar de que todo pinta de color anglo-americano en el arbitraje marítimo, la práctica diaria nos lleva a formular reflexiones varias que inevitablemente conducen a la duda de si es ése el modelo de alternativa a la justicia del Estado que queremos y si no hemos de cuestionarnos la necesidad de ciertos cambios para superar una crisis admitida de “judicialización del arbitraje”.La solución arbitral de las controversias surgidas en el ámbito del negocio marítimo no puede nunca suponer una fórmula de remedio ajena a los usos y costumbres del mercado marítimo ni, mucho menos, más onerosa económicamente y complicada que el mismo problema que se trata de curar desde el ángulo subjetivo de las partes involucradas. Se ha dicho, y con razón, que el arbitraje marítimo ha de ser siempre COMERCIAL. No puede dudarse que el arbitraje, como tal solución y su propio mecanismo, debe ser preferible al litigio en los Tribunales, a la contienda judicial. Y ello por factores varios entre los que destacan dos: tiempo y costo económico (es decir, uno: el factor económico, porque el tiempo resulta caro siempre).
En la actualidad internacional del arbitraje marítimo se ha producido un fenómeno interesante consistente en la creciente semejanza de ciertos procesos arbitrales al contencioso ordinario, en razón a una exacerbada complicación de las actuaciones y a una duración excesiva de los casos arbitrales hasta la emisión del laudo. En esa degenerativa complejidad de desarrollo del arbitraje intervienen multitud de personajes incluyendo las frecuentes entradas de los jueces para resolver recursos en materia de procedimiento. Así, podemos observar -como sucede en Londres- que algunos arbitrajes llegan a parecerse mucho a un pleito ordinario, e incluso anotamos cómo algunos interesados optan por los Tribunales de Justicia por ser su administración más económica y menos largo el proceso hasta sentencia. De este modo, asistimos a una falta de competitividad del arbitraje marítimo, no ya frente al juicio ordinario, sino frente a los mismos sistemas arbitrales tal como se desarrollan en ciertas jurisdicciones.

Se viene diciendo, y con razón, que es necesario regresar a los orígenes, volver a las fuentes para devolver al arbitraje marítimo la sencillez y sentido práctico que tuvo en su inicio. Los esfuerzos en esa discreción, que no puede ser otra que la de hacer más competitivo el arbitraje marítimo, han sido múltiples y notables. Así, la nueva Arbitration Act 1996, en Inglaterra; los reglamentos llamados “small claims procedure” en Londres y Nueva York; las reglas FALCA de la LMAA de Londres, etc.. Al mismo tiempo se han producido iniciativas, coincidentes con esta crisis del arbitraje comercial, como las fórmulas de “Conciliación” y “Mediación” destinadas, o mejor pretendidas, a convertirse en verdaderas alternativas frente al arbitraje y al juicio ordinario llamándose, como ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS (ADR).
Sin ahondar en prolijos análisis ni en aventuras alquimistas, pero sí recogiendo una rica experiencia de procedimientos arbitrales (sobre todo, internacionales), me parecería oportuno alinear unas medidas que -a mi entender- conducirían a mejorar el “cost effectiveness”(la relación costo-eficacia) del arbitraje marítimo, como sigue:
- Elegir un modelo de arbitraje institucional que permita una duración breve del procedimiento arbitral. Nunca superior a seis meses (salvo prórrogas pactadas por las partes). Un centro o asociación arbitral que no garantice un control del tiempo del procedimiento, dejándolo en manos de los árbitros y de su agenda, no me parece competitiva para las necesidades del mercado marítimo. No ayuda la reserva judicial para ampliar el plazo pactado en el convenio arbitral para dictar el laudo (art.50, Arbitration Act 1996). El sistema de arbitraje “ad hoc” no permite el impulso y gestión del proceso necesarios a tal fin.
- Elegir el arbitraje de equidad frente al de Derecho. Con ello se faculta a los árbitros para que resuelvan la controversia conforme a su mejor conocimiento y mayor experiencia. No se precisan abogados, ni dictámenes legales, ni expertos en Derecho extranjero, ni se produce otra viabilidad de recurso contra el laudo arbitral más que en base a quebrantamiento de forma (abuso de poder del Tribunal Arbitral). El ahorro de gastos de letrados es importantísimo. Más aún lo es el aspecto de firmeza del laudo arbitral en cuanto al fondo. La Ley española de 1988 apostó, con enorme acierto, por el arbitraje de equidad frente al de Derecho, y ello benefició al negocio marítimo de forma indudable. Finalmente, la Arbitration Act 1996 ha admitido las llamadas “equity clauses”, o pactos sobre arbitraje de equidad, aunque con cierta reticencia legal y con un claro viso de excepcionalidad en la práctica del arbitraje marítimo inglés. Y es precisamente en Londres donde las “equity clauses” más falta harían con el fin de otorgar a los excelentes árbitros “commercial men”el mayor poder que necesitan: el de no someter su criterio obligadamente a una ley positiva. Con ello evitaríamos a Solicitors, assistant solicitors, Counsel, junior Counsel y legal expert witnesses, con las servidumbres de tiempo y costo económico que su intervención en el juicio arbitral supone. El arbitraje de equidad permite y concede, además, un mayor protagonismo a las partes y a sus asesores de plantilla.
- Designación de un árbitro único (y no de tres o más), siempre que sea posible lo mejor es acordarlo así en la cláusula de arbitraje en el contrato. Los Tribunales arbitrales compuestos de tres o más no garantizan siempre la bondad de una decisión colegiada, sino que por el contrario conllevan complejidades múltiples. Hay problemas de disponibilidad física de los árbitros, de formación de opinión, de reuniones y discusiones internas y, por supuesto, de votación del fallo y de redacción del laudo arbitral. Todo ello cuesta tiempo y dinero. Con Tribunales que prevén la designación de un tercer árbitro (por el viejo sistema del “umpire”), los costos adicionales se extienden a los honorarios del tercer árbitro en fases anteriores al momento de producirse el desacuerdo entre los dos árbitros nombrados, cada uno, por una parte.
- Si es posible, fijar los honorarios de los árbitros antes de su designación formal. En el modelo institucional, interesará elegir la institución administradora de arbitrajes que ofrezca unas tarifas de honorarios más razonables. En todo caso, siempre es más fácil resolver, o incluso negociar este aspecto, con una entidad dotada de un órgano administrativo y una lista permanente de árbitros que con cada árbitro en la fórmula “ad hoc”.
- Si es posible, pactar con el adversario conceder al Tribunal Arbitral que decida la controversia sobre documentos únicamente, y con renuncia a otro tipo de pruebas (testigos, expertos, etc.). Este tipo de pacto tiene fuerte arraigo en la práctica inglesa, y supone un ahorro substancial a los contendientes de tiempo y de costo económico, obviándose a la vez todas las dilaciones y complicaciones que suponen el auxilio judicial en práctica de pruebas y las discusiones y resoluciones interinas sobre admisión de pruebas (susceptibles de recurso ante la jurisdicción ordinaria en algunos países).Tampoco vemos inconveniente para que los árbitros se abstengan de practicar de oficio otras pruebas no documentales, recibiendo su mandato con claridad al respecto (arbitraje sobre documentos) bien del contenido de la cláusula arbitral o del propio reglamento de la institución administradora del arbitraje.
- 6) Celebrar con el árbitro(s) una reunión previa a fin de establecer y organizar, en la forma más económica, las fechas, notificaciones, remisión y copias de documentos, etc. sin olvidar que las partes pueden siempre actuar por si mismas sin necesidad de letrados. Este acuerdo de procedimiento no es únicamente aconsejable para el modelo “ad hoc” (donde resulta imprescindible) sino también para un sistema de procedimiento-tipo como es el institucional.
- Elegir, en el caso de arbitraje institucional, aquella entidad administradora que pida previamente provisiones de fondos razonables para atender a los gastos del procedimiento y un % para honorarios de los árbitros. La tasa de administración inicial debe ser razonable y reducida. Hay entidades arbitrales, a nivel mundial, que piden depósitos de cantidad muy altos, que no resultan adecuados para el mercado marítimo.
- Evitar foros arbitrales distantes de los domicilios de las partes, con el fin de no incurrir más tarde en excesivos gastos de viajes, estancias y comunicaciones con el Tribunal y con los abogados (si intervienen). En general, todo contratante debe buscar un foro arbitral que no resulte extraño ni muy ajeno, por razón de geografía y cultura, a su propio entorno y al del contexto del negocio marítimo en el que surge la controversia. Si no es posible un acuerdo sobre foro con la otra parte, entonces valdrá la pena estudiar la posibilidad de movilidad del árbitro (mejor siempre, uno) a una localidad más cercana y equidistante. En este sentido, el movimiento ICMA (International Congress of Maritime Arbitrators) ha venido trabajando en la promoción de intercambio efectivo de árbitros entre instituciones arbitrales situadas en países diferentes.
- En los casos de práctica de pruebas testificales y periciales, tener en cuenta siempre en el momento de elegir árbitro(s) la posibilidad de que dicho árbitro(s) pueda por sus conocimientos expertos actuar al mismo tiempo como perito en el procedimiento, facultándole para ello en su momento. Resulta conveniente acudir a la entidad administradora de arbitrajes que disponga de mejores, y más económicas, condiciones para practicar estas pruebas y sin necesidad de acudir al auxilio judicial, a menos que sea finalmente necesario.
- Acordar en el convenio arbitral que la parte perdedora correrá con las costas del arbitraje. El principio de “costs follow the event” ha tenido tradicionalmente éxito en el arbitraje inglés, pero en Londres se atendió a las recomendaciones del entonces Lord Chancellor (Lord Woolf) en el sentido de que esta regla tradicional y práctica debía ceder ante la discrecionalidad del Tribunal Arbitral para pronunciarse sobre las costas de forma más proporcionada y atendiendo siempre a la conducta de los litigantes en el juicio arbitral. El reparto de costas puede ser justo en principio, pero no responderá a la necesidad, latente en el comercio marítimo, de evitar arbitrajes y, una vez comenzado, defensas imposibles cuando las controversias y problemas deberían haberse resuelto amistosamente. Me parece muy adecuado la regla de incentivo prevista por UNCITRAL estableciendo que la parte perdedora habrá de soportar las costas, salvo que el Tribunal considere más razonable y equitativo apartarse de la norma y hacer un reparto entre las partes en el caso concreto.
- Elegir el modelo arbitral que permita una mayor actuación al árbitro para llevar a las partes a un acuerdo amistoso o a mediar una solución con ellas que ponga fin al juicio arbitral. Esta función conciliadora debería figurar incluso como requisito de procedimiento, con el fin de suplir la natural falta de voluntad de los interesados, voluntad que desaparece del todo cuando intervienen abogados sin más escrúpulo que el de ganar honorarios.
- Por último, una iniciativa no vinculada al modelo “ad hoc” o “institucional” sino a la legislación arbitral imperante en el foro elegido. Las leyes arbitrales deben otorgar al Tribunal Arbitral una verdadera facultad para dictar y practicar medidas cautelares y de aseguramiento sobre bienes (p. ej., embargo preventivo de buques) propiedad de los litigantes para el buen fin de cumplimiento del laudo arbitral que en su día se dicte. Este poder arbitral extraordinario, y no sólo para “security for costs”, existe en algunas jurisdicciones, no sólo para dictarlas con auxilio judicial sino incluso para llevar a cabo su ejecución (dada la naturaleza cuasi-jurisdiccional del arbitraje). Sería realmente un factor decisivo para los acreedores de buena fe que se ven obligados a acudir al arbitraje para cobrar sus deudas.
El sistema debería ser más competitivo frente el juicio ordinario y para consigo mismo porque las perspectivas actuales que se ofrecen a los comerciantes marítimos en Londres y, en menor medida, en otros foros necesita ser mejorado y, en todo caso, agilizado.
Entretanto crece la masa crítica operante en los medios marítimos sobre la demora en los juicios arbitrales anglosajones, el ingente y creciente nivel de costes, la complejidad y causa de polémica en torno a la prueba de “discovery” de documentos, la frecuente inhabilidad del derecho inglés para interpretar circunstancias fácticas pertenecientes a otras geografías, y otros problemas, el disenso no ha logrado aún ganar terreno para nuevos foros internacionales en los que las reglas procesales ni la ley de fondo hayan de ser, presunta o fatalmente, las británicas u otras hermanas dentro del régimen anglosajón.
Con la excepción, surgida de esa crítica, de Chile para los arbitrajes domésticos. Gracias a la labor del Prof. Eugenio Cornejo, el libro III del Código de Comercio fue reformado con el fin de establecer “una presunción de arbitraje”. De modo que todas las reclamaciones de Derecho Marítimo serían sometidas y resueltas por vía de Arbitraje salvo aquellos casos en los que las partes hayan convenido expresamente la opción de la jurisdicción civil ordinaria; lo que ha permitido en Chile un incremento notable del uso del Arbitraje interno.
En lo que llevamos de siglo el futuro seguirá siendo el que es hoy presente y que no ha cambiado sustancialmente desde 1960, año en que fue fundada la LMAA de Londres. No se advierte, ni resulta posible soñar con ello, un camino firme hacia la “internacionalidad” del arbitraje marítimo, por contrapunto a la “colonización” actual, a diferencia de lo que está ocurriendo con notable éxito en el arbitraje mercantil, gracias sobre todo a la armonización mundial del Derecho del Comercio. Nuestra arma maritimista son los Convenios internacionales Marítimos, debiendo tristemente anotar que sólo cuatro de ellos hablan del arbitraje como método de resolución de las diferencias y reclamaciones (el Convenio de Hamburgo 1978, el Convenio de Rotterdam 2008, el Convenio de Embargo Preventivo de Buques 1952 y 1999, y el Convenio de Salvamento Marítimo ,1989). Las organizaciones internacionales marítimas neutrales, tales como la OMI y el CMI, observan complacidamente el estado actual de cosas: “if it isn’t broke, don’t fix it”.
La mediación marítima
Como concepto, a partir de las Reglas de UNCITRAL 1980 y de la práctica internacional, la intervención de un Mediador para resolver los conflictos marítimos ha tomado cuerpo en el espacio europeo, al que pertenecemos, a partir de la Directiva 2008/52/CE y de su transposición a España mediante el Real-Decreto Ley 5/2012, de 5 Marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Dicha normativa será aplicable a la mediación marítima, en virtud de lo previsto en el art.2 (1 y 2), en defecto de pacto expreso, cuando al menos una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación tenga lugar en territorio español; por tanto, la normativa alcanza a los conflictos transfronterizos. Sin embargo, el comercio marítimo no es únicamente europeo sino internacional; puede estimarse que el pacto expreso a la normativa española sólo va a producirse en una mediación entre entidades nacionales, y que es altamente improbable que lo sea cuando intervenga una parte no española, en cuya relación tienen dominante referencia las Reglas de UNCITRAL 1980, en cuanto recogidas por la mayor parte de las instituciones mediadoras operantes en el ámbito internacional. Este factor de aplicación relativa tiene su importancia, y su ventaja, para el comercio marítimo según explicaremos más adelante.

¿Por qué la Mediación para los litigios marítimos?
-Una mediación toma mucho menos tiempo que un arbitraje o que un procedimiento judicial, e implica costos considerablemente menores.
-El proceso de mediación permite a las partes llegar a soluciones que no hubieran podido lograrse a través de un procedimiento contencioso, como el arbitraje o el juicio ordinario, y que, por tanto, no hubieran podido pronunciarse en un laudo arbitral o en una sentencia judicial. Por ejemplo, es posible que las partes prefieran resolver una controversia contractual renegociando los términos del contrato. Mientras que en una mediación la renegociación de un contrato es posible, es muy poco probable hallar un fundamento jurídico que permita solicitar esta opción a un árbitro o a un juez.
-El mediador no está obligado a observar, escrupulosamente salvo riesgo de anulación de su laudo, los principios de igualdad, audiencia y contradicción en relación con las partes; sino que goza de una amplia maniobrabilidad para conducir el procedimiento a buen final.
-Contrariamente a los procedimientos contenciosos, que se concentran en los derechos legales de las partes, la mediación las ayuda a tener en cuenta también los intereses comerciales y de otro orden, tan presentes y contingentes en el tráfico marítimo. Esta es una característica diferencial muy importante, porque el proceso de mediación puede ayudar a las partes a comprender mejor sus necesidades e intereses recíprocos para, de este modo, buscar una solución que satisfaga tales intereses y necesidades en la medida de lo posible y en el menor lapso de tiempo.
-La mediación, en el negocio marítimo, puede ser una herramienta particularmente útil cuando las partes enfrentadas mantienen relaciones regulares (p.ej., en los casos de una joint venture de servicios logísticos o de un contrato de suministro a largo plazo, o desde luego de un contrato de fletamento por tiempo). En ese tipo de relaciones, la mediación puede ser menos perjudicial que un procedimiento arbitral o judicial.
La mediación marítima surge y crece a partir de dos circunstancias preponderantes, a saber:
1. La validez del acuerdo de solución (mediation agreement) con fuerza vinculante y ejecutoria, equivalente a la de un laudo arbitral o una sentencia ordinaria. Consagrada por la Directiva UE 2008/52/CE e instaurada progresivamente en la mayoría de las legislaciones nacionales, sean Estados miembros de la Unión Europea o no, y respaldada a nivel transfronterizo por el Convenio de Singapur 2018.
2. El descontento del mercado marítimo ante el elevado coste y dilación de los juicios arbitrales en asuntos marítimos, de los cuales un 83% tienen lugar en Londres.
En razón a tal contexto, relativamente reciente, puede hablarse de la mediación marítima como un posible competidor del arbitraje marítimo.
A nivel internacional la mediación marítima se ha desarrollado y practicado por las siguientes organizaciones anglosajonas más destacadas:
-el CEDR (Centre for Efective Dispute Resolution), Londres. En 2002 contaba con 10 Mediadores Marítimos. Es una organización independiente no lucrativa sostenida por empresas multinacionales y agrupaciones de profesionales libres. Integra una lista específica de mediadores marítimos. Facilitan servicios de mediación y al mismo tiempo colaboran estrechamente con los Clubs de P&I y la industria marítima a los efectos de instruirlos en el conocimiento y conveniencia del uso de la mediación. Su objetivo es fomentar y desarrollar la mediación, así como otros métodos de resolución de controversias de forma rentable para los sectores comerciales públicos y privados.
-el MSMS (Maritime Solicitors Mediation Services), de Londres. Fue constituido por 19 bufetes maritimistas ingleses, que fundaron el MSMS con el principal objetivo de promover el uso de la mediación en los sectores del transporte marítimo y de los seguros marítimos con el fin de que las partes en conflicto logren soluciones eficaces y de bajo coste.
-la BIMCO, en Copenhague. La Cámara Internacional de Navieros utiliza documentación estándar tipo ADR (Alternative Dispute Resolutions) en el sector de la industria marítima y dispone de una cláusula de Arbitraje-Mediación, de interesante contenido e influencia.
-la LMAA (London Maritime Arbitrators Association), que dispone de un reglamento de mediación marítima.
-la SMA, de New York (Society of Maritime Arbitrators). Cuenta con mediadores marítimos y dispone de un reglamento de mediación marítima.
-la Hong-Kong Maritime Law Association (HKMLA). Fundada en 1978. Ofrece servicios de arbitraje y mediación.
-el IMCAM Panel, de Londres (International Maritime Conciliation and Mediation Panel). Constituido en 2006, con una lista de 40 mediadores marítimos de renombre internacional. Es la única organización mediadora marítima transfronteriza. La iniciativa fue emprendida en Septiembre 2005 por un grupo de acreditados expertos en litigios marítimos, cuyo vínculo común era una abundante experiencia (como abogados, jueces, árbitros, profesionales técnicos navales, ajustadores y asesores de seguros y de empresas de navegación) que les había llevado a la conclusión de que la resolución de los litigios marítimos por medios litigiosos y complejos no constituía un objeto práctico eficaz en términos de coste y tiempo. El Panel fue fundado en Londres el 13 Octubre 2006, siendo elegido el autor de este trabajo como su primer Presidente, aunque desde 2015 devino fuera de actividad por causa de su oportunidad prematura en circunstancias en las que la eficacia transfronteriza de los acuerdos de mediación no estaba aún regulada por consenso internacional (lo que tendría lugar por el Convenio de Singapur 2018).
La cláusula-tipo del IMCAM Panel para Conciliación/Mediación indicaba lo siguiente:
“En el caso de que una o más controversias surgidas de o en relación con este contrato hayan de ser resueltas por deseo de las partes mediante un acuerdo transaccional obtenido a través de conciliación/mediación, a pesar de la existencia de una cláusula de arbitraje/jurisdicción vinculante en el contrato, la controversia(s) serán sometidas previamente a uno de los conciliadores/mediadores escogidos de la lista permanente del IMCAM Panel, sin por tal sumisión previa renunciar a la cláusula de arbitraje/jurisdicción del contrato. El mediador actuará de conformidad con las Reglas del IMCAM Panel para Conciliación/Mediación Marítimas y ejercerá su labor durante un plazo de TRES MESES, prorrogable, a cuyo término el proceso de Conciliación/Mediación quedará finalizado si las partes no llegaron a alcanzar un acuerdo amistoso.”
-La mediación marítima ya está introducida en el mercado marítimo desde hace años. Esa penetración obedece, en particular, al estado comparativo con el arbitraje. Los ADR no deben ser valorados como un remedio o solución contra las dificultades que surgen en los tribunales ordinarios, sino como un método consensuado para lograr la armonía social, en muchos casos, más indicado que el recurso al juicio ordinario o al arbitraje (Green Paper, Londres, 1996).
En muchos contratos marítimos puede utilizarse la mediación/conciliación de forma previa o integrada con el arbitraje. En algunas cláusulas de mediación está prevista la integración con el arbitraje. P.ej., nada impide a las partes suspender un arbitraje y abrir un proceso de mediación que, en caso de tener éxito, ponga fin al encargo arbitral; los árbitros marítimos, en general, vemos con buenos ojos que las partes exploren soluciones amistosas o que, incluso, soliciten la ayuda conciliadora del árbitro con sus pensión de las actuaciones arbitrales, ya que en caso de alcanzar un acuerdo transaccional las partes pueden solicitar al árbitro que dicte tal acuerdo en forma de laudo arbitral( naturalmente, ya no tan necesario en virtud de la fuerza vinculante del acuerdo de mediación a partir de la precitada Directiva Europea y del Convenio de Singapore 2018).
Puesto que la mediación puede surgir de pacto previo al efecto o no, ya que está siempre disponible con flexibilidad frente a otro acuerdo vinculantes de resolución de litigios, ofrece una viabilidad muy interesante en los casos de accidentes marítimos en los que la responsabilidad surge extracontractualmente entre los buques afectados y, de forma cruzada ex contractu entre los cargamentos que portean. Asimismo, los accidentes marítimos suelen concernir a partes diversas y ser atraídos competencialmente en diferentes jurisdicciones. Tal escenario de gran complejidad litigiosa (sin olvidar los Convenios internacionales de 1910 sobre responsabilidad civil y penal en materia de abordaje), puede ser superado, con un ahorro de costes muy elevado, mediante una sencilla mesa de mediación/conciliación con el objetivo de obtener una solución global para todas las partes involucradas. La lógica es tan meridiana que, sin dejar de lado los costes y gastos de todo tipo, la mediación ayudaría a los interesados a superar bloqueos legales, dilaciones sinfín, y concentrar sus esfuerzos en la solución y reparación de los daños personales y comerciales. Un caso como el del “Prestige” ha cumplido ya 23 años de litigiosidad y su final está aún pendiente en la jurisdicción británica. Otro comparable va a serlo el del “Ever Given”, en el Canal de Suez.



