El contrato de defensa firmado el año pasado por España con la estadounidense Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas de misiles Patriot por un precio de 1.700 millones de dólares se ha convertido en el objetivo de los acreedores del Reino de España por el recorte de las primas a las renovables por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Los equipos jurídicos que representan a los intereses de los fondos de inversión que han adquirido los derechos sobre esa deuda es embargar pagos de España para resarcir sus posiciones acreedoras tras una serie de sentencias favorables en Estados Unidos al reconocimiento de los laudos que ascienden a unos 2.310 millones de euros según los acreedores. Los asesores jurídicos estudian la posibilidad de solicitar mediante el instrumento judicial del denominado “discovery” -la revelación mediante la acción judicial de información confidencial que puede beneficiar a los acreedores- la localización de los pagos a Raytheon en la perspectiva de poder ejercer embargos contra esos pagos. En la actualidad España cuenta con tres baterías de Patriot con 18 lanzadores operados por el Grupo Patriot de Marines de Valencia.
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