El 22 de diciembre el Gobierno de Donald Trump paralizó la construcción de todos los proyectos de generación eólica offshore una medida destinada a entorpecer una de las industrias más criticadas por el presidente estadounidense. Detrás de uno de los proyectos está una empresa española con un significativo desarrollo internacional, Iberdrola, cuya filial estadounidense se denomina Avangrid y tiene en desarrollo en sociedad con la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) el complejo Vineyard Wind 1.
El Departamento de Interior dijo que «pausó la concesión» federal de cinco proyectos en desarrollo desde Massachusetts hasta Virginia «debido a riesgos de seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados completados recientemente.» Esta es la acción más significativa hasta ahora adoptada contra este negocio en ascenso en Estados Unidos. La elevación de costes en esta industria en el pasado ha supuesto además reveses financieros al sector eólico en el país.
“La acción de hoy va dirigida a riesgos emergentes a la seguridad nacional, incluida la rápida evolución de tecnologías adversarias relevantes y las vulnerabilidades creadas por los proyectos eólicos offshore a gran escala próximos a nuestros centros poblados sobre la costa este,» declaró el Secretario de Interior Doug Burgum.
La decisión afecta al complejo Vineyard Wind 1 frente a Martha’s Vineyard; Revolution Wind, cuya generación debería alimentar a Rhode Island y Connecticut; Coastal Virginia Offshore Wind; y Sunrise Wind y Empire Wind 1, frente a las costas de Nueva York.
Las acciones de la empresa danesa de energía Orsted, que encabeza dos de los proyectos, cayeron más del 11% tras las noticias. Por su parte Dominion Energy, principal promotor del proyecto Coastal Virginia, vio como sus acciones caían un 3,7%.
Orsted dijo que se disciplinaría a las órdenes y se le indicó que suspendiera todos los trabajos en la plataforma continental durante los próximos 90 días, y que el gobierno «se reserva el derecho de extender la suspensión de 90 días».
“Orsted está evaluando todas las opciones para resolver esta materia de forma expeditiva, junto con sus socios», afirmó un portavoz de la empresa. Las gestiones incluyen a la Agencia de Gestión de la Energía Oceánica y otras instituciones emisoras de permisos así como la evaluación de potenciales procedimientos legales.»
El Gobernador Demócrata de Connecticut, Ned Lamont, dijo haber hablado con Burgum el pasado lunes quien le dijo que las cuestiones de seguridad nacional tenían que ver con radares emplazados en tierra firme. Lamont dijo que «intentarán llegar hasta el fondo del asunto, pero que de momento las obras se deben paralizar.
Dominion calificó a su proyecto de «esencial para la seguridad nacional» y para poder hacer frente al rápido incremento de la demanda de electricidad. De acuerdo con su comunicado se les notificó que la pausa sería de 90 días. La oposición de la Administración Trump a la generación renovable amenaza con una tormenta de pleitos.



