Opera Fund, un fondo de inversión afectado por el impago de laudos contra España -considerados ilegales por la Comisión Europea- ha obtenido de la Justicia belga la congelación de 482 millones de euros destinados a una empresa estatal española.
En su decisión la justicia belga no ha acatado a la Comisión Europea que instó al país el 11 de diciembre pasado“a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la UE en lo que respecta al reconocimiento de los laudos arbitrales entre inversores y Estado. La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a Bélgica [INFR(2025)2199] por incumplir” sus obligacionesal reconocerlos laudos arbitrales entre inversores y Estado dentro y fuera de la UE”. i
El importe congelado es un pago pendiente de la agencia europea de navegación aérea, Eurocontrol, al gestor estatal español, Enaire, como garantía por los laudos impagados por el Estado español al fondo domiciliado en Malta al que un laudo arbitral reconoció en 2019 el derecho a recibir 29,3 millones de euros en concepto de resarcimiento por la derogación unilateral de las primas a la generación de energía renovable que estaba en vigor cuando decidió invertir en España.
Los tribunales belgas han acogido otros laudos bloqueando el pago de los derechos de vuelo que Eurocontrol abona regularmente a Enaire por las tasas que la empresa estatal española factura a las aerolíneas a cuenta de los servicios de navegación que les presta en ruta y aproximación a los aeropuertos, pero que recauda la agencia europea. El pasado mes de julio un tribunal de primera instancia ya embargó 197 millones de euros de esas tasas a petición de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, también con el objetivo de cobrar el laudo que se le adeuda.
En este ocasión, la Justicia belga ha autorizado el embargo de esos 482 millones también en garantía de la compensación que Opera Fund reclama a España, tras reconocer el laudo y considerarlo ejecutable para conseguir el cobro de la compensación que el Estado español se niega a pagar. La Justicia belga considera que Eurocontrol es una agencia que opera dentro de su jurisdicción.
En el último año los fondos acreedores de España aceleraron sus acciones por la vía del embargo de bienes y dinero para afianzar su reclamación sobre los laudos pendientes de pago, que según los últimos datos oficiales disponibles ascienden a 1.754,7 millones de euros y afectan a 27 empresas que en su día invirtieron en el sector renovable español atraídos por las primas que garantizaba el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004/2011). El gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy derogó ese régimen en 2012.
Los acreedores por laudos favorables han acudido a la justicia de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. España que se retiró recién este año de la Carta de la Energía sigue sujeta a las demandas por arbitraje. La justicia de los países mencionados reconoce el derecho de los afectados a cobrar y la negativa de España a pagar está inflando una factura que según cálculos realizados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) podría suponer a las arcas de España un perjuicio de más de 2.000 millones de euros.
i “Los laudos arbitrales en cuestión obligan a España a pagar una compensación a los inversores debido a una modificación de su sistema de energías renovables. España notificó los laudos arbitrales en cuestión a la Comisión para la revisión necesaria con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. Bélgica reconoció los laudos arbitrales con vistas a su ejecución en Bélgica, antes de la evaluación de la Comisión. De este modo, Bélgica creó un riesgo inminente de que España se viera obligada a pagar la compensación, incumpliendo la obligación de suspensión establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE y en la Decisión SA.40348 de la Comisión, relativa al sistema de energías renovables. Las solicitudes de reconocimiento constituyen un intento de eludir las normas sobre ayudas estatales. Bélgica debería haberse opuesto a esta elusión de conformidad con el principio de cooperación leal, tal como se establece en el artículo 4, apartado 3, del TUE, leído en relación con el artículo 108, apartado 3, del TFUE, la Decisión SA.40348 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el arbitraje en materia de inversiones dentro de la Unión. Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento a Bélgica, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado.” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_25_2745



